El futuro político de España desde el prisma de la filosofía política

Releyendo la introducción a las «Lecciones de filosofía política» de John Rawles, Profesor de la Universidad de Harvard, me ha llamado la atención un pasaje que, en ciertos aspectos, parece una descripción fiel de las dificultades por las que atraviesa nuestro actual régimen constitucional.

Dice Rawles que la filosofía política cumple cuatro cometidos: el primero es de carácter práctico, cuando se produce una disputa política que tiene su origen en posturas antagónicas, al tratar de encontrar las bases de un acuerdo racional y ético entre dichas posturas, que propicie una cooperación social basada en el respeto mutuo entre los ciudadanos; el segundo es un cometido de orientación, basada en la razón y la reflexión, para definir los objetivos básicos que desean alcanzar juntos los ciudadanos en su calidad de miembros de un sociedad con historia, es decir, de una nación, en contraposición a la defensa de sus intereses particulares, familiares, o como integrantes de un determinado grupo social. El tercer cometido es el de la reconciliación, para demostrar que las instituciones, aunque obstaculicen o frustren intereses particulares, actúan de manera racional para alcanzar los objetivos sociales definidos por consenso entre los ciudadanos. Y el cuarto y último cometido, aunque no por ello menos importante, es el de explorar los límites de las políticas posibles, sobre la base de la creencia compartida de que la base de nuestra sociedad reside en la existencia de una esfera social que propicie un régimen democrático justo, aunque imperfecto.

El pasaje al que me refiero en la introducción es aquel en que el autor repasa los motivos que hicieron inevitable el fracaso de la República de Weimar, con las trágicas consecuencias que ello acarreó para Alemania y para el mundo.

En su análisis, Rawles culpa a «unos partidos políticos fragmentados por Bismarck, que les ofrecía dinero a cambio de que apoyaran sus políticas», convirtiéndolos así en meros grupos de presión que ni siquiera aspiraban a gobernar y que mantenían ideologías exclusivistas, lo cual hacía virtualmente imposible el compromiso con los demás grupos para hacer frente al «Canciller de Hierro». También alude al hecho de que «no se consideraba impropio que los funcionarios públicos atacaran a ciertos grupos de ciudadanos calificándolos como enemigos del Imperio».

Ese terrible error histórico parece estar replicándose en nuestro país. En el caso de Alemania, la incapacidad de los liberales y los socialdemócratas para colaborar en una visión común llevó a la caída de la República de Weimar, al desastre económico y social que hubo de padecer el pueblo alemán, y a las condiciones sociales y políticas que propiciaron la llegada de Hitler al poder por la vía democrática.

En el caso las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, la incapacidad de los partidos más votados para llegar a acuerdos mínimos en los asuntos de estado se tradujo en un paro creciente, que ya está a punto de alcanzar el 25%, en un empobrecimiento paulatino de las clases medias y obreras, unido a un aumento progresivo de la presión fiscal sobre las mismas, una dislocación del cuerpo social, etc. Y no se vislumbraba que fueran capaces de cumplir con la función básica de construcción de consensos, ni que contaran con personalidades capaces de aglutinar una mayoría política estable tras un proyecto democrático compartido por la mayoría de los españoles.

En el último decenio, la cultura y el tenor del pensamiento político español (y, cada vez más, de la mismísima estructura social) hicieron que, al igual que en Weimar, ninguno de los grupos principales estuviera dispuesto a hacer un esfuerzo político para llegar a un régimen constitucional de consenso. En política, el «tacticismo» que impusieron tanto el PSOE como el PP en la arena política podía servir para ganar una batalla, pero nunca para construir un verdadero proyecto democrático de convivencia razonable y pacífica entre los españoles.

Esperemos que, a partir de esta nueva legislatura que acaba de abrirse, los responsables de los partidos políticos mayoritarios recuperen para nuestro régimen constitucional los cuatro cometidos que Rawles atribuye a la filosofía política: cooperación social, objetivos sociales compartidos, reconciliación de intereses antagónicos y creación de una esfera social que propicie un régimen democrático justo.