Balcánica España

Los nacionalistas catalanes ya han lanzado el órdago al Estado español: o los no catalanes pagan (acuerdo fiscal) o los catalanes se van. Como todo órdago que se precie, se lanza con la convicción de que el adversario se va a acobardar ante el envite y se retirará. Pero también cabe la posibilidad de morir en el intento, abreviando así la agonía.  

¿Qué futuro esperaría a una Cataluña independiente? Nadie se lo ha planteado antes del órdago, y quienes lo lanzaron o permitieron que se lanzara prefieren pensar que con el órdago será suficiente para que el Estado se rinda sin condiciones.

Pero, tras este primer órdago de Cataluña, vendrá inmediatamente el órdago del País Vasco. Así pues,  ¿puede el Estado no aceptar el órdago y obligar a que todos levanten sus cartas?

España como actor económico está al borde de la asfixia, y sus preocupados prestamistas asisten ahora atónitos a la amenaza de desintegración progresiva del moroso…  La pregunta inexorable que ahora se plantearán los socios e inversores europeos es ¿lo que quede de España podrá o querrá pagar sus deudas? La prima de riesgo nos lo dirá.

Los programas políticos sólo comprometen a quienes votan por ellos

Desde finales del siglo XIX y, especialmente, desde mediados del siglo XX, cabría pensar que el “márketing político” se ha convertido en la única herramienta que permite ganar (o perder) elecciones.

Ya en la segunda parte del decenio de 1970, cuando yo aún estudiaba ciencias políticas en la universidad, un grupo de estudiantes hicimos un ejercicio de lectura comparativa para ver lo que tenían en común los programas de los recién nacidos partidos políticos y lo que los diferenciaba.

Comprobamos con sorpresa que las promesas electorales de los principales partidos con opción de gobierno eran casi idénticas: todos ellos ofrecían más libertad, democracia, progreso social, reconciliación entre los españoles, defensa del estado de derecho, integración en Europa, etc…

La única diferencia apreciable que observamos era la relativa a la OTAN, crisol de maldades y sumisión al “Gran Satán” para unos, y garantía de defensa y libertad para otros. En el resto de los programas, no aparecía ninguna promesa que supusiera un compromiso basado en cifras concretas. En resumen, llegada la hora de hacer balance, no había manera de cuantificar en qué medida se había cumplido el programa electoral, pues éste no incluía nada que fuera cuantificable (más libertad, democracia, progreso social, defensa del estado de derecho, integración en Europa no son factores que se puedan medir objetivamente).

A principios del decenio de 1980, curiosamente, los que defendían la pertenencia a la OTAN estaban en el poder y se manifestaban convencidos de la conveniencia de la adhesión, pero se negaban a convocar un referéndum sobre el particular, tal y como exigían sus detractores bajo el lema “OTAN: de entrada, NO”.

Al final, España se incorporó a la OTAN y,  cuando los detractores llegaron al Gobierno en 1982, se sintieron obligados a cumplir su promesa de convocar un referéndum sobre la cuestión y, aunque remolonamente, acabaron por convocarlo, pero esta vez solicitando el sí a la adhesión.

Al final de esa legislatura, los partidos políticos evolucionaron y, para las elecciones siguientes, todo programa electoral llevaba alguna promesa concretada con números que, según los analistas de entonces, si se hacía realidad, serviría para convencer a los electores de volver a votar al partido en cuestión. Así, Felipe González prometió 800 000 puestos de trabajo para acabar con las posibilidades electorales de la derecha, y lo consiguió en forma de holgada mayoría parlamentaria.  Al finalizar la legislatura, había perdido 800 000 puestos de trabajo (una “ligera” desviación del 1000 por cien) y, pese a todo, volvió a ganar las siguientes elecciones con mayoría absoluta.

Así hasta finales de los años 90, en que el Partido Popular ganó las elecciones por los pelos con un programa electoral cuantificable al, digamos, 50 por ciento. Esas promesas electorales se cumplieron, más o menos, al 80 por ciento. En las siguientes elecciones, el PP obtunvo una holgada mayoría absoluta con un programa electoral claro y cuantificable al 80 por ciento; al final de la legislatura, lo había cumplido al 80 por ciento, pero perdió las elecciones estrepitosamente.

Hay quien lo achaca a los trágicos sucesos del 11-M, otros lo atribuyen a la intervención en la guerra de Irak, al escaso “sex appeal” del candidato del PP frente al del PSOE, a la catástrofe petrolera del hundimiento del “Prestige”, y otros, entre los que me cuento, a una combinación de todos estos factores… El caso es que, visiblemente, el voto de los españoles no se guió por el cumplimiento de las promesas realizadas, sino por criterios distintos y difíciles de cuantificar. Todos recordamos que, en las elecciones de 2008, el PSOE ganó con el lema “Por el pleno empleo”, y que en 2012, el PP ganó prometiendo, entre otras cosas, que no subiría los impuestos porque eso sería “una barbaridad económica”.

Por desgracia, ahora sufrimos en nuestras carnes el incumplimiento flagrante de ambas promesas, y sin embargo, Andalucía ha votado mayoritariamente por mantener a la izquierda, liderada por el PSOE, en el Gobierno; y, habida cuenta del fracaso de las manifestaciones convocadas por los sindicatos, no parece que el incumplimiento de la promesa fiscal del PP haga mella en sus posibilidades electorales.

Así pues, y como conclusión, parece demostrable empíricamente que, en España al menos, los programas políticos sólo comprometen a quienes votan por ellos, y no a quienes los elaboran.

Las preguntas que se derivan de ello resultan muy difíciles de responder: entonces ¿qué hace que un partido político gane o pierda elecciones en España? ¿Son los votantes como los “hinchas” de fútbol, y votan  de manera temperamental por la imagen que tienen del partido político, más que de manera racional por su actuación real? ¿O bien se utiliza el voto para castigar al partido en el poder más que para cambiar la orientación política del gobierno? ¿Existen “techos electorales” de los partidos que hacen que lo determinante para los resultados electorales no sea el voto, sino la abstención?

Y estas interrogantes conducen a otra más general e inquietante: ¿Han madurado políticamente los españoles tras 36 años de ejercicio de la democracia? 

Machine translation: a wonderful tool, but not for every occasion

Machine Translation (MT) is no doubt a useful tool in many environments, and represent a major step as a communication technology, as it fosters exchanges between people and companies that, until now, would have never dreamed of usefully communicating with counterparts all over the world.

MT bring something valuable to human relationships, and open enormous possibilities to commercial and personal exchanges all over the planet.

But MT cannot be properly considered per se a translation, as shown by the fact that research departments of prestigious companies and universities may work on its possible uses, but do not publish their findings using MT, and tribunals do not use MT for their elements of proof or the issuance of judgments.  

The obvious conclusion is that MT is very useful in many cases, but not in all cases.

In times of increased financial difficulties, many organizations consider cutting in what they consider “non-essential” activities (cleaning, postal expenses, redundant staff, auxiliary services and so on). But no potential investor would expect them to cut expenses in their core activities, and no one would think that Microsoft or Mercedes Benz should reduce their spending in their engineering labs or by lowering the level of qualification of candidates for the recruitment of developers. They will lower the level of spending, for instance by reducing the number of projects or delaying  some of them, but they will do everything possible to retain their top level staff and keep the high standards required for production. They have proven many times that they can survive major economic crises by keeping the focus on their added-value chain and adapting to the market.

Until the 1990’s, the IGOs used to spend a considerable portion of their budgets in translation services, and saw good reasons for it: equality of treatment of member states, by ensuring to all the possibility to participate with their best quality reflection (i.e. using their own mother tongue) in order to succesfully contribute in solving serious problems affecting great numbers of people; almost instant dissemination of the outcome of their reflections; and offering to Member States the means for a democratic dialogue among nations.

But in the 1990’s, technology came in and created great expectations in terms of the cost effectiveness of operations. Railways and airlines started dreaming of the almost unbelievable savings that would bring unmanned trains and planes. Armies immediately saw  the potential of drones and “surgical hits”, and so on. And they started diverting the resources provided in their budgets towards that objective. And then reality came, and driving a train or piloting a plane appeared to be much more resistant than originally expected to automation. Wars fought using state-of-the-art technology were either lost or, at least, not won. What these unexpected results had in common? That, when it comes to resolve complex issues requiring more than the mere technical training in repetitive actions and the need to adapt to unforeseen circumstances, the human brain is the one factor that makes the difference.

So, being the human factor the key for the activity itself, does that mean that nothing has changed, that translators have to do their work today as they used to do it 20 years ago? Progress in communication and information technologies has necessarily had an impact on the scenario, and advances in these two domains have benefited translators to a certain extent.

Translation is one of the most specialized activities of the human being, because translating is not only connected with linguistic competence, but also with intertextual, multicultural, psychological and narrative competence. As any good reader knows, translation can never be reduced to the rule-based or statistical substitution of one set of lexical and grammatical forms (or segment) by another set in the other language. Translation is not the mere similarity in meaning. While carrying out translation work, the translator has constantly to make decisions in order to reach what Mason calls a "functional equivalence", which means that the translation must generate in the target language the same effect aimed at by the original.

Is there any statistical or rule-based program able to provide the functional equivalence of any articulate work? The practical answer is somewhat easy: no publishing house, for instance, will publish a MT of the latest best-seller for which it bought the rights. It might underpay a translator to do the job, but it will use a translator. Would any of us submit to a tribunal in a foreign country a statement processed by MT?   Would any company sign a contract on the basis of a MT of it?

Any Statistical MT system provides an output that resembles more and more to human translation, but it must be clearly understood that no MT system would pass the translation tests to which candidates are subject in any competitive examination for entering a professional translation organization, be it public or private. 

So, the use of MT in such organizations appear clearly as a limited option (repetitive documents or, in cases where end-users would be ready to accept "gisted" texts, textual approximations offering, in the best of cases, “similarity of meaning” through post-editing) and as a political choice aimed at divert translation’s budgetary resources to other fields of activity.

No doubt that there is room for MT use in public and private organizations, either for gisting or, if resources so require, machine translation, provided that final users of such documents are made aware of the limitations of such methods of work;  but when it comes to documents of major importance (treaties, legal and financial content, technical processes, political statements, etc.), no matter what the level of available resources is, translation proper, i.e. finding functional equivalents from a source language into a target language, can only be done by human translators who, beside having an extended professional experience, must be able to quickly get familiar with the issues and domains relevant for the organization for which they work. 

Inventario anatómico-forense del ciudadano español de 2012

Un ciudadano español de cada quince expresa su voluntad de independencia del territorio en que habita. Un ciudadano de cada tres está dispuesto a conceder la amnistía a los terroristas de ETA. Un ciudadano de cada cuatro preferiría que Cataluña y el País Vasco se independizaran de España.

Uno de cada dos ciudadanos que habitan en el estado español vota conscientemente  a un partido que le miente acerca del déficit de la administración que rige su vida. Un ciudadano de cada ocho trabaja para el sector público, y uno de cada seis depende del presupuesto público para sobrevivir. Dos ciudadanos de cada siete aceptan que la administración que los rige incumpla las sentencias de los tribunales en su territorio.

Un ciudadano de cada ocho se declara en paro al tiempo que trabaja en la economía sumergida. Un niño español de cada cinco no puede educarse en el idioma oficial del estado.  Un ciudadano menor de 30 años de cada dos está en el paro. Dos ciudadanos de cada tres defraudan en su declaración fiscal. Un ciudadano de cada dos está a favor de la intervención de la Comisión Europea en la gestión de la economía española.


Causa del fallecimiento: infarto ciudadano seguido de colapso multiinstitucional

España: La necesaria recuperación de un consenso constitucional

Si aceptamos que, hoy como ayer, la política es el arte de lo posible en un contexto de confrontación continua de intereses antagónicos, y una lucha en la que sólo triunfan quienes son capaces de aunar mayor respaldo en defensa de unos objetivos que procuren un beneficio percibido como tal por el mayor número de actores políticos, y que la evolución política y económica ha derivado en España en un proceso de confrontación de intereses territoriales, en el que el Estado ha quedado desarmado y se muestra incapaz de imponer un arbitraje objetivo en beneficio del interés común a largo plazo, se hace preciso restablecer una base de consenso entre los ciudadanos que reúna una serie de elementos pactados esenciales.

En mi opinión, para que España pueda sobrevivir como Estado-nación, ese consenso ha de incorporar ocho componentes indispensables, que son los que, 34 años después de aprobarse la Constitución de 1978, han ido desapareciendo paulatinamente del discurso político de los partidos mayoritarios:

1.       La aceptación del concepto de nación como elemento integrador de los distintos intereses particulares y territoriales, sometidos al interés común del conjunto de los ciudadanos, y que sea una expresión efectiva de la  cooperación social, de unos objetivos sociales compartidos, de la reconciliación de intereses antagónicos y de la creación de un entorno social que propicie un régimen democrático justo y de libertad individual. 

2.       La articulación política de los intereses particulares en un órgano de representación nacional, y de los intereses territoriales en un órgano de representación territorial sometido al primero.

3.       La defensa de la libertad civil, política, económica, intelectual y de expresión de todos los ciudadanos, entendida como elemento aglutinador de la nación y factor de progreso.

4.       La educación, entendida como instrucción en disciplinas del saber, interpretación común de la historia propia y desarrollo del espíritu crítico.

5.       La lengua española como instrumento de libertad y progreso y como vehículo de comunicación entre los ciudadanos y de éstos con el resto del mundo de lengua española, unida a la defensa y promoción de las lenguas vernáculas como expresión de la pluralidad e instrumento de progreso intelectual, es decir, como elemento enriquecedor del patrimonio común, y no como elemento de segregación o discriminación.

6.       La búsqueda de la prosperidad común en un marco de progreso material y espiritual, de aprovechamiento de los recursos naturales y de solidaridad entre los individuos y las comunidades, sobre la base de la sostenibilidad económica y de la preservación del entorno físico y natural como patrimonio común.

7.       La articulación consensuada de la defensa común del territorio nacional y de los intereses de la nación en el exterior.

8.       La unidad de la justicia, la fiscalidad y las instituciones de mercado, como garantía del imperio de la ley y de la igualdad de trato de todos los ciudadanos en términos de deberes y derechos.

En conclusión, como dije en mi artículo “La hora de los patriotas”, lo que esperamos de los partidos políticos es el restablecimiento de un consenso civil entre la inmensa mayoría de los ciudadanos, la lucidez necesaria para encontrar soluciones eficaces a los problemas reales, una visión clara para formularlas y una voluntad democrática firme para aplicarlas.