Primera valoración de las medidas del Gobierno de España contra el déficit

La primera tanda de medidas anunciada por el Gobierno para hacer frente al déficit, aún sin determinar pero superior al 8 por ciento, se ha anunciado siguiendo el modelo “zanahoria-palo”. La zanahoria: se aumentan las pensiones con arreglo a lo dispuesto en el Pacto de Toledo, se mantiene la ayuda a los parados, se suprime el canon digital, se atribuye (por fin) el almacén centralizado de residuos nucleares (en vez de pagar 60 000 euros diarios a Francia, se pagará una cantidad sustancialmente menor al Ayuntamiento de Villar de Cañas y se crearán puestos de trabajo allí) y se prolonga la vida útil de la Central de Garoña. El palo: se sube el IRPF, se sube el IBI para aliviar la situación de los ayuntamientos que están al borde de la quiebra y la de las empresas con las que mantienen deudas, se reduce un 20% la subvención directa a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y se paraliza la incorporación de nuevos perceptores de la Ley de dependencia.

La subida del IRPF es una subida demorada, ya que sólo afectará en las retenciones hasta el mes de junio; lo mismo cabe decir del IBI. La reducción de la subvención directa a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales se ha planteado claramente como un primer paso, destinado a dar tiempo a estos entes para replantear su financiación sobre la base de las cotizaciones de sus afiliados, y cabe esperar que vaya desapareciendo de aquí a 2015. La medida más discutible éticamente es la paralización de la incorporación de nuevos perceptores de la Ley de dependencia; está claro que la aplicación de esta ley, salvo en la Comunidad de Madrid, ha quedado en papel mojado por la falta de financiación, y la medida parece plantearse como un primer paso para la racionalización financiera de la prestación. Espero que así sea, y habrá que mantener la exigencia a este Gobierno de que haga efectiva esta norma.

Las críticas que llueven sobre este Gobierno por haber elevado los impuestos  pese a haberse comprometido a no hacerlo en la campaña de las elecciones generales están más que justificadas, pero la decisión de la subida parece acertada en la medida en que, de no hacerse, los mercados y la Unión Europea hubieran acabado por imponer sus recetas al respecto, que no hubieran sido tan discriminadas como las que ha comenzado a aplicar el Gobierno de Mariano Rajoy. Un cero por contraer compromisos que no sabía si podría cumplir, pero un diez por atreverse a tomar las medidas que impone el sentido común y a afrontar las críticas (por otra parte merecidas) que ello supone.

Ahora, falta por anunciar las medidas estructurales para lograr la recuperación de la economía, y entre ellas destacan dos: la reestructuración del sector bancario, que el Sr. Rajoy ha dicho que debía estar terminada en junio de 2012, y la reforma del mercado laboral, que anunció deberá ultimarse en este mismo mes de enero. Además, cabe esperar toda una batería de medidas concretas como las relativas a la gestión de los procesos de privatización, tanto los de Loterías del Estado y AENA decididos por el Gobierno de Zapatero (en un momento tan poco propicio), como otros posibles de participaciones minoritarias en Altadis, Iberia y Endesa, y otros como el de la Compañía Española de Crédito y Caución o Red Eléctrica, que deberá hacerse de manera que se obtengan los máximos ingresos, a fin de al menos compensar el descenso previsto de los ingresos fiscales en el ejercicio de 2012.

A esto se suma la necesaria articulación entre el Impuesto de Sociedades y el IVA, que parece hacer inevitable una subida de este último impuesto, y que deberá hacerse de manera que afecte lo menos posible al consumo interno.

Las perspectivas para el español medio en este nuevo año se presentan oscuras. Al final se ha verificado la afirmación del Sr. Roig, Presidente de Mercadona, respecto de 2011. “Lo único bueno que podemos decir de 2011 es que será mejor que 2012”.   El - pobre - consuelo reside en que parece que el Gobierno está dispuesto a asumir el coste político de las medidas que considera abrirán la senda de la recuperación. Esperemos que sean acertadas y que cada una de ellas se vaya adoptando en el momento más oportuno.